Resumen: La regularización llevada a cabo por la Administración Tributaria actuante se había basado en la no admisión de la deducibilidad de determinadas facturas de proveedores. Según la Administración tributaria, esas facturas en cuatión respondían a las notas características de una trama de defraudación. Por si partte, el contribuyente opuso, en sintesis, que no tuvo conocimiento de que las facturas que recibía por su emisor no eran facturas reales, así como que la operación se llevó a cabo, esto es, se adquirió la mercancia en cuestión. Sin ambargo, la sentencia, en primer lugar, observa y destaca -que un ordenado y diligente comerciante ha de comprobar cuáles son las características de los comerciantes con quienes establece relaciones comerciales, debiendo ser ese conocimiento tanto más intenso cuanto más íntimas y frecuentes sean esas relaciones comerciales. Además, la sentencia, aun sin aceptar que la Administración hubiera probado la falsedad de las facturas en cuestión, sin embargo, señala que la valoración conjunta de la prueba llevaba a concluir en el mismo sentido plasmado en las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración actuante.Finalmente, en cuanto a la sanción, la sentencia también la confirma en este caso, y ello por cuanto que aprecia que la responsabilidad del sujeto infractor debía ser calificada como dolosa, es decir, que se trataba de una conducta voluntaria con la que se pretendía conseguir un beneficio fiscal.
Resumen: La parte recurrente pretende la estimación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el IS del ejercicio 2016, al considerar que la norma en virtud de la cual se efectuó la autoliquidación, (Ley del Impuesto sobre sociedades según la redacción dada por el R.D. Ley 3/2016) es inconstitucional.
El Abogado del Estado se allana a esta pretensión y la Sala considera conforme a derecho este allanamiento.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral que desestimó la reclamación económico-administrativa contra el acuerdo relativo a la rectificación de la liquidación del Impuesto de Sociedades. Se cuestiona la procedencia de la solicitud de rectificación una vez pasado el periodo de declaración y la Sala en atención a la normativa foral de aplicación sobre la posibilidad de modificar la opción ejercitada en la autoliquidación del Impuesto en relación con las opciones a las que se refiere la misma, una vez finalizado el plazo voluntario de declaración del Impuesto y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria, en este caso se trata de la deducción de ID una vez transcurrido el plazo de presentación voluntaria de la autoliquidación que no es de las contempladas como susceptibles de dicha modificación y el hecho de que la recurrente no dispusiera del informe necesario para estimar el importe de la deducción de referencia, dentro del plazo de presentación voluntaria de la autoliquidación del IS, no era óbice a la consignación en ese momento de la deducción como objeto de opción posteriormente ejercitada en sustitución de la ejercida, sin que tampoco resulte admisible la comparación del régimen de opciones de otro territorio foral.
Resumen: Se produce el allanamiento del AE consecuencia de la aplicación de la DA 15.1º de la LIS introducida por la Ley 27/2014, del impuesto sobre sociedades, en la redacción dada por el art. 3.1, apartados uno y dos, del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, que ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2024, de 18 de enero de 2024, lo que conlleva la devolución de la cantidad que resultaría de no aplicar el límite establecido en la Disposición Adicional 15º de la LIS.
La sentencia ordena que en virtud del principio de buena administración y de íntegra regularización, en el momento de ejecutarse esta sentencia, se practiquen cuantas operaciones y correcciones se deriven de la aplicación de la anulación del Real Decreto Ley 3/2016 por parte de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso núm. 2577/2023.
Resumen: La parte recurrente formula su pretensión en relación al vicio de inconstitucionalidad en que incurre la LIS, tras la modificación operada por el Real Decreto Ley 3/2016 que es contrario a los artículos 86, 23 y 96 de la Constitución Española lo que determina que tanto la resolución administrativa como la resolución del TEAC que lo confirma, han de ser anuladas.
Esta pretensión ha sido admitida por la Abogacía del Estado que se ha allanado a la demanda y ha de ser estimada por esta Sala.
En ejecución de la sentencia, el derecho de la recurrente consistirá en la devolución de la cantidad que, en su caso, resulte por la diferencia entre las cuantías devueltas en su día y las que se deberían haber devuelto junto con los correspondientes intereses de demora por los ejercicios 2017 a 2020, aplicando la doctrina de la STC 11/2024, con el reconocimiento del incremento de deducciones a aplicar en ejercicios futuros.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional que desestima la reclamación económico-administrativa originada por la reclamación de deudas derivadas por el Impuesto de Sociedades y sobre el Valor Añadido al recurrente como administrador de la sociedad deudora, se invoca que no actuó, pese a ser administrador de la obligada principal, con ánimo de perjudicar los derechos que gestionaba la Administración Tributaria, sino que llevó a cabo su actuación conforme correctamente entendió sin que concurra en su comportamiento ninguna de las circunstancias que la doctrina establece para aplicar la derivación, pero la Sala concluye que dados los presupuestos legales para la derivación, la compañía mercantil de quien era administrador el recurrente dio lugar a la existencia de las deudas y fue objeto de imposición de sanciones por lo que ha de considerarse que el demandante no cumplió con las obligaciones que de vigilancia, al menos, le correspondía adoptar para evitar que se diese lugar a dichas consecuencias.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar la forma de calcular el resultado neto por las actividades económicas durante el año 2019, a efectos de ser beneficiario de las ayudas previstas en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, cuando la entidad solicitante de la ayuda se encuentra acogida a la presentación del Impuesto de Sociedades fuera del ejercicio por año natural.
Resumen: Se interpone recurso de revisión contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en materia de liquidación del impuesto sobre sociedades y sanción en materia tributaria. La sentencia recuerda, primeramente, la naturaleza del procedimiento de revisión y su carácter excepcional y extraordinario que impone una aplicación restrictiva. A continuación, analiza los presupuestos procesales del artículo 102.1.a) y d) LJCA, descartando su concurrencia en este caso y conduciendo a la desestimación del recurso de revisión, con imposición de costas a la recurrente.
Resumen: La sentencia expone que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, exteriorizándose prima facie por su sola contemplación, frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho. Por lo tanto, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos, así como que el error, que debe ser patente y claro, se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte, sin necesidad, pues, de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables. Además, también se requiere que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión. Pues bien, sobre la base de todo lo anterior, en el caso la sentencia desestima el recurso porque toma en cuenta que la propuesta de liquidación se rectificó a partir del error material que derivaba de la documentación existente en el propio expediente, en concreto la contabilidad de la entidad contribuyente y las declaraciones del Impuesto sobre sociedades correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, todo lo cual venía a demostrar que la entidad contribuyente ya había minorado de los ingresos declarados el montante del ajuste a valor de mercado de los servicios prestados por el socio y administrador, de tal modo que que la sentencia llega así a concluir que no cabía sino confirmar la rectificación producida, ya que dicha rectificación pues contaba con fundamentación apropiada.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en:
- Determinar si en la escisión parcial de sociedades es conforme con el Derecho de la Unión Europea que la aplicación del régimen de neutralidad fiscal (diferimiento de la ganancia patrimonial; régimen especial del Capítulo VIII del Título VII del TRLIS de 2004) se condicione a que los patrimonios transmitidos constituyan ramas de actividad diferenciadas, a falta de que la jurisprudencia comunitaria admita previsiones legislativas nacionales de inaplicación.
- Esclarecer si, ante la finalidad de la Directiva sobre fusiones (Directiva 90/434/CEE) de no obstaculizar las reorganizaciones de las empresas, la eventualidad de que las condiciones que la legislación española establece en el régimen fiscal de las escisiones pudieran ser contrarias a dicha Directiva, podría hacer exigible la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante la formulación de cuestión prejudicial.
- Aclarar si se puede establecer una sanción por la comisión de una infracción tributaria que está tipificada de modo genérico, cuando la norma infringida es susceptible de interpretación amplia y resulta de una trasposición de Directiva que no ha sido desarrollada pormenorizadamente en el ordenamiento español.
